Un nuevo capítulo se suma al historial de corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Aunque ya fue condenado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero —de los cuales ha cumplido siete—, investigaciones recientes revelan que al menos 276 millones de pesos fueron desviados a través de empresas fantasma no incluidas en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Estos hallazgos provienen de una base de datos elaborada por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la UNAM y Quinto Elemento Lab, donde se identificaron 95 contratos con 16 empresas simuladoras, las cuales operaron durante la administración de Duarte (2010–2016) sin ser detectadas por los órganos fiscalizadores.

Las compañías involucradas, oficialmente catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) por el SAT, recibieron recursos federales destinados a obras públicas, educación, salud y desarrollo social. Solo en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se canalizaron 237 millones de pesos hacia estas firmas, sin que hasta hoy haya sanciones administrativas o denuncias por estos contratos.

Obras prometidas, dinero desviado

Entre las obras para las que supuestamente se usaron estos recursos están la remodelación de un parque recreativo, pavimentaciones, estudios ambientales y decenas de proyectos carreteros. Pero en lugar de traducirse en beneficios para la población, los fondos terminaron en cuentas de empresas con domicilios fiscales en casas de interés social, con socios ilocalizables o sin capacidad operativa.

Una de las empresas más beneficiadas fue Infraestructura en Construcción, que recibió 118 millones de pesos en 25 contratos. A pesar de ser señalada por el SAT como empresa fantasma, llegó a simular competencia con otras constructoras manejadas por el mismo grupo de personas. Su nombre incluso figura en una demanda contra el gobierno veracruzano por un adeudo de 16.4 millones, pese a que está inhabilitada para facturar.

Factureras en red y con nexos federales

Las empresas no solo hicieron negocios con el gobierno estatal. Obtuvo otros 81 millones de pesos de dependencias federales, como la CFE, Pemex, la SICT, el ISSSTE y la Secretaría de la Función Pública, además de gobiernos de Hidalgo, Morelos y Oaxaca. Algunas continuaron operando en la administración federal actual, incluida la de Andrés Manuel López Obrador.

Casos como Inmobiliaria Gomgo y Grupo Inmobiliaria Frabersa, ambas constituidas al inicio del sexenio de Duarte, firmaron contratos por más de 80 millones de pesos para obras carreteras. Al investigar sus domicilios fiscales, se encontró una barbería en uno de ellos y viviendas comunes en otros. Las empresas compartían socios y representantes legales, formando parte de una red más amplia de factureras con vínculos entre sí.

Las irregularidades persisten

El uso de estas empresas fantasma no fue un error aislado. Se trató de un esquema sistemático de corrupción, según el académico Víctor Andrade, de la Universidad Veracruzana. En opinión de expertos como Natalia Campos (IMCO) y Janet Oropeza (Fundar), este tipo de redes permiten que la responsabilidad individual se diluya, y que las sanciones a una sola empresa no impidan que sus operadores sigan obteniendo contratos mediante otras razones sociales.

A pesar de las evidencias, ninguno de los 95 contratos identificados ha sido incorporado a las 71 denuncias interpuestas por la ASF por desvío de recursos en el gobierno de Duarte. La razón, según el exauditor Gerardo Lozano, es simple: el personal es insuficiente para auditar todas las contrataciones y muchas veces las operaciones menores quedan fuera de la muestra revisada.

Negocios que sobreviven al escándalo

En algunos casos, los socios de estas empresas han logrado mantenerse como contratistas. Tal es el caso de Ernesto Carvajal del Puerto, exsocio de E&E Production, compañía boletinada por el SAT. Aunque la empresa fue clasificada como fantasma, Carvajal ha seguido obteniendo contratos del gobierno estatal como persona física. Desde 2019, ha sido proveedor de eventos oficiales y recibió casi 30 millones de pesos en adjudicaciones directas para festivales y actos gubernamentales.

También participó como proveedor en eventos políticos de Morena, incluyendo actos de campaña de Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum, aunque no aparece en la lista del SAT como operador de EFOS. El gobierno estatal reconoció haberlo contratado, pero negó conocer su vínculo con la empresa inhabilitada.

Para la experta fiscal Denise Tron, el problema de fondo es legal: no existe una norma que impida a los socios de una empresa fantasma seguir operando con nuevas razones sociales. Esto permite que esquemas de simulación de operaciones sobrevivan con pocos ajustes formales.

¿Ha cambiado algo?

A casi una década del fin del gobierno de Duarte, la impunidad y la opacidad siguen marcando la contratación pública en Veracruz, coinciden especialistas. Aunque el gobierno actual niega continuidad con las prácticas del pasado, los contratos, los proveedores y los mecanismos parecen repetir la misma historia.

“El periodo de Duarte fue el punto más alto, pero las prácticas continúan”, concluye Víctor Andrade. “Volvimos a lo mismo: un sistema que sigue premiando el engaño”.

 POR VIOLETA SANTIAGO Y FLAVIA MORALES. Quinto Elemento.