La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dejó en el limbo al menos 775 juicios millonarios de empresas de electricidad e hidrocarburos que impugnan sus resoluciones.

Las empresas impugnan multas, clausuras, negativas de permisos y requerimientos de información a gasolineras y empresas e instalaciones de gas LP y gas natural.

También cancelaciones de permisos por supuesta falta de uso, en materias como almacenamiento de hidrocarburos, por ejemplo.Otras son resoluciones que niegan nuevos permisos de generación eléctrica, o modifican los ya existentes, sobre todo de energía eólica y solar, así como multas y otras sanciones en ese sector.

Entre los casos pendientes destaca el amparo promovido en 2022 por la empresa española Iberdrola, para impugnar una multa de 9 mil 145 millones de pesos, cuya ejecución está suspendida, pero en el cual ni siquiera se ha dictado la sentencia de primera instancia para determinar la legalidad de la resolución de la CRE.

También está el caso de Stellantis (Chrysler, Fiat y Peugeot) en un amparo contra una resolución de diciembre 2024, que excluye sus plantas de un permiso de autoabastecimiento eléctrico.Además, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y otras organizaciones promovieron un amparo contra un acuerdo de mayo de 2023 que clasifica como "limpia" la energía generada con gas natural.

En tanto que Hidroeléctrica Cajón de Peña y otras generadoras privadas litigan amparos contra un acuerdo de abril de 2024 que permite a empresas dejar el abasto privado para contratar con CFE.

Esentia Energy, a su vez impugnó una resolución de marzo de 2024 que fija condiciones para el servicio en la red privada de ductos de gas natural más grande del País (2 mil 17 km).Empresas de gas LP también esperan el cumplimiento de amparos para eliminar el tope al precio de ventas de gas LP en bodegas y estaciones de servicio.

El caso involucra el 18 por ciento de las ventas totales y se espera un impacto de 5 mil 989 millones de pesos anuales, el cual pagarán los consumidores.

A 32 años de creada, la CRE dejó de existir la mañana del 19 de marzo, tras la publicación del paquete de leyes secundarias de la reforma energética de la 4T, que a su vez acabó con los cambios del sexenio de Enrique Peña para abrir el sector a la competencia de empresas privadas.

Desde ese día, actuarios de los juzgados y tribunales han acudido a la sede de la CRE en Periférico Sur, pero ya no hay quien los atienda.

La reforma legal ordenó abrir un plazo de 90 días en el que estos juicios estarán congelados, mientras los expedientes son transferidos a la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo director tiene que ser nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum a más tardar el 19 de abril, y por esta ocasión, ni siquiera tendrá que ser ratificado por el Senado.

La reforma también extinguió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), pero hubo muy pocos amparos contra esta autoridad.

Y congelan 469 juicios del INAI

Al menos 469 juicios sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, quedaron congelados durante seis meses, y serán asignados a tribunales especializados que podrían no tener titulares cuando sean creados.

Además, el nuevo órgano garante Transparencia para el Pueblo, que será subordinado de la Presidenta de la República, ya no podrá promover controversias ni acciones ante la Corte para reclamar leyes o actos en esta materia.

Lo anterior, como resultado de la reforma de Morena y sus aliados para desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyas leyes secundarias entraron en vigor el 21 de marzo.

Si bien el Congreso determinó que el Poder Judicial Federal (PJF) tiene 120 días para "habilitar" juzgados y tribunales especializados en acceso a la información y protección de datos personales, esta medida coincide con la reforma para elegir por voto popular, el 1 de junio, a la mitad de los jueces y Magistrados federales, y con el proceso para eliminar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que durante 30 años fue el administrador del PJF.

PENDIENTES

Entre los asuntos que dejó sin resolver la CRE están:

Iberdrola impugnó una multa de $9 mil 145 millones.

Stellantis interpuso un amparo por resolución que la excluye de un permiso de autoabastecimiento eléctrico.

Cemda promovió amparo contra un acuerdo que clasifica como "limpia" la energía generada con gas natural.

Hidroeléctrica Cajón de Peña litiga amparos contra un acuerdo que permite a empresas dejar el abasto privado para contratar con CFE.

Esentia Energy impugnó una resolución que fija condiciones para el servicio en la red privada de ductos de gas natural más grande del País.

Empresas de gas LP esperan el cumplimiento de amparos para eliminar el tope al precio de ventas de gas LP en bodegas y estaciones de servicio.