El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha remitido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) un total de 6 requerimiento de cobro de indemnizaciones(créditos fiscales) por 19 mil 593 millones 631 mil 599.68 pesos, generados por la revisión a las Cuentas Públicas 2015 y 2016 del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Se trata de sentencias firmes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) que deberán recuperarse mediante procedimientos económico-coactivos.

El ente fiscalizador reportó al Congreso del Estado que en el año 2022 se entregaron dos requerimientos de pago, uno por 37 millones 039 mil 925.11 pesos y otro por 22 millones 678 mil 938.91 pesos.

En el 2023 fueron tres requerimientos por las siguientes cantidades: 18 mil 763 millones 430 mil 706.75 pesos, 194 mil 013.61 pesos y 25 millones 946 mil 768.32 pesos.

Y en el 2024 se ha entregado un requerimiento de pago por 744 millones 331 mil 246.98 pesos.

Lo anterior forma parte del Informe de Seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas al proceso de fiscalización de Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, que este martes entregó Delia González Cobos, auditora general a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

De acuerdo con el informe el 18 de enero de este año, se entregó a la SEFIPLAN el requerimiento de cobro por 744 millones 331 mil 246.98 pesos en contra de una exservidora pública de esa dependencia por daño patrimonial derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016.

Dicha multa o crédito fiscal se compone de una indemnización por 480 millones 213 mil 707.73 pesos y una sanción de 264 millones 117 mil 539.25 pesos.

El 7 de agosto del 2023 se entregó el requerimiento de cobro por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2015 por un daño cuantificado en 18 mil 763 millones 430 mil 706.75 pesos, impuesto en contra del extesorero de SEFIPLAN, Arnulfo Octavio García Fragoso.

Monto que se compone de una indemnización de 12 mil 105 millones 439 mil 165.65 pesos y una sanción por 6 mil 657 millones 991 mil 541.10 pesos.

El 17 de febrero de 2023 se entregó el requerimiento de pago por 194 mil 013.61 pesos en contra del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, generado por la cuenta pública 2015.

El 10 de febrero del 2023, también por la Cuenta Pública 2015, se entregó un requerimiento de pago por 25,946,768.32 en contra de los Institutos Tecnológicos Superiores de Jesús Carranza y Naranjos; en contra del Ayuntamiento de Tecolutla, y dos requerimientos en contra del Instituto Veracruzano del Deporte.

Mientras que el 05 de septiembre del 2022, por el ejercicio fiscal 2015, se entregó a la SEFIPLAN un requerimiento de pago de 37 millones 039 mil ,925.11 pesos por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.

Y el 25 de enero de ese mismo año 2022, el requerimiento de pago fue por 22 millones 678 mil 938.91 pesos por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2015 de los Institutos Tecnológicos Superiores de Jesús Carranza, Tantoyuca y Álamo Temapache; también en contra de los Fideicomisos Públicos para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz y del Parque Temático Takhil Sukut.

Los requerimientos también fueron en contra de la Secretaría de Turismo y Cultura y del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.

La auditora general del ORFIS recordó que el 24 de febrero de 2014, la propia administración duartista publicó el “Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Cobro de Créditos Fiscales, Derivados de la Determinación de Indemnizaciones y Sanciones en el Proceso de la Fiscalización Superior”.

Instrumento jurídico suscrito por el ORFIS y la SEFIPLAN, en el que se estableció como objeto la realización de acciones coordinadas para garantizar que Finanzas ejerza sus facultades económico-coactivas, inherentes a la recuperación de los "créditos fiscales" derivados de las resoluciones emitidas que hayan causado estado y, consecuentemente, quedado firmes.

También se pactó que dicha Secretaría podría disponer de un 10% de la sanción determinada, para efectos de recuperar los gastos extraordinarios del Procedimiento Administrativo de Ejecución.