Martes 01 de abril de 2025

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JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ/Crónicas del poder

Acayucan, presa del hampa Junto con Sayula de Alemán y San Juan Evangelista, forman un triángulo del terror; Las fuerzas del orden permiten el control del hampa; Un gobernador que subestima denuncias; Ejército, ligado al crimen.
2024-08-19 A 28.5 kilómetros de distancia en carretera, en tres municipios del sur de Veracruz, el terror de la delincuencia organizada se hace presente sin que la autoridad estatal o federal meta las manos.

En casi seis años del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, Acayucan, Sayula de Alemán y San Juan Evangelista se han convertido en un triángulo donde se vive un perturbador reflejo de cómo el crimen organizado ha tejido su red en las entrañas del poder local.

De acuerdo con datos de la prensa, se han registrado al menos "ocho asesinatos o secuestros de políticos, entre ellos alcaldes, regidores, síndicos y directores de área en esos ayuntamientos”.

Quizá de los tres, Acayucan es el que refleja una mayor soledad de las fuerzas del orden.

CRIMINALES BUSCAN CONSOLIDAR EL CONTROL

La alcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez, al igual que otros actores políticos en la región, se enfrenta a una amenaza constante que no solo pone en riesgo su vida, sino también la estabilidad de la gobernanza en el municipio.

Desde el inicio de su gestión, Rodríguez ha sido objeto de ataques violentos y presiones por parte de grupos criminales que buscan consolidar su control en Acayucan.
Autoridades estatales han sugerido, sin prueba alguna, que todo esto ocurre por las ligas de algunas autoridades locales con el crimen organizado.

La reciente emboscada a su vehículo no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencia que ha alcanzado a su círculo cercano, incluidos su esposo y cuñados.

Estos hechos revelan la penetración del crimen organizado en la vida política local, donde la línea entre autoridad y delincuencia se difumina peligrosamente.

El problema se agrava cuando las autoridades estatales, lejos de apoyar a la alcaldesa en su lucha, optan por desacreditar sus denuncias.

Luego del ataque, la edil denunció en un medio de comunicación, recibir una amenaza por mensajería digital que decía: "pinche vieja x (por) está te salvaste pero la próxima si te chingo perra" (sic).
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hasta ayer por la tarde seguía sin pronunciarse por los hechos.

CUITLÁHUAC SUBESTIMA LAS DENUNCIAS

Y es que García Jiménez, en lugar de fortalecer las estrategias de seguridad, ha sugerido la disolución de los poderes en Acayucan, subestimando la magnitud del problema.

Esta respuesta, más política que pragmática, no solo deja a la alcaldesa en una posición vulnerable, sino que envía un mensaje inquietante a otros municipios bajo la amenaza del crimen organizado: la protección estatal es limitada y condicionada.

En un contexto donde los políticos son presas del miedo y la violencia, es urgente que el gobierno estatal asuma una postura firme y comprometida para combatir la criminalidad antes de que más municipios caigan bajo el control de las mafias.

La seguridad no puede ser un juego político, y Acayucan es un llamado de atención que no debe ser ignorado.

En los últimos meses, difícilmente podría esperarse una intervención del Estado en esa zona. Ya tienen otras “preocupaciones”.

EJÉRCITO LIGADO AL HAMPA, DENUNCIAN

La reciente escalada de violencia en Chiapas es un recordatorio doloroso de que el tejido social en la región está desgarrado.

Lo que antes parecía un conflicto lejano en el norte del país, ahora está muy presente en el sur, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han encontrado un nuevo campo de batalla.

Lo más alarmante es que, según activistas como Luis Abarca del Comité Digna Ochoa y especialistas como Gerardo Alberto González Figueroa de ECOSUR, el Ejército, que debería ser una fuerza de contención, está profundamente comprometido con estos grupos criminales.

El hecho de que personas estén huyendo hacia Guatemala es una señal inequívoca de que el Estado mexicano ha fallado en su deber de proteger a sus ciudadanos.

El problema radica en la complicidad, la inacción y la política de "abrazos, no balazos" que, aunque para algunos es bien intencionada, no está resolviendo la crisis.

La realidad es que se necesita un replanteamiento urgente de la estrategia de seguridad en Chiapas. De lo contrario, seguiremos viendo cómo el crimen organizado toma el control, dejando a la población atrapada entre balas, amenazas y un futuro incierto.

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