El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alán García Campos, externó su preocupación de que madres buscadoras de desaparecidos veracruzanas, como Araceli Salcedo Jiménez, puedan ser víctimas de la delincuencia que opera con total impunidad en las carreteras limítrofes de Veracruz.

Al participar en el Conversatorio “Derechos Humanos, Búsqueda y Justicia para Víctimas de Desaparición Forzada” organizado por la Universidad Veracruzana (UV) en la región Veracruz, dijo que en México nadie está exento de ser víctima de la delincuencia o de desapariciones.

Al respecto, indicó que la ONU recomienda a las autoridades mexicanas garantizar la protección efectiva de las personas que buscan a desaparecidos, subrayando la gravedad de que una buscadora, como la presidenta del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en Córdoba y Orizaba, haya sido asaltada junto con su hijo, hecho en el que la despojaron de la camioneta en la que se trasladaba por las Cumbres de Maltrata.

“Por eso nos preocupa la noticia que se dio a conocer este fin de semana, de lo que le ocurrió a una buscadora de Veracruz, Araceli Salcedo, en estos días”, indicó García Campos.

Dan recomendaciones

El representante enlistó una serie de recomendaciones para que las autoridades puedan abordar el complejo tema de las desapariciones en México y en Veracruz, señalando que existe una “abominable” cifra de violaciones a Derechos Humanos.

Subrayó que, para la ONU, las pautas para un cambio son el derecho a la participación de las víctimas, atenderlas adecuadamente y brindar una reparación integral, además de garantizar su protección.

Mencionó que también se debe investigar de manera adecuada y diligente los delitos relacionados con la desaparición de personas y desarrollar políticas efectivas de prevención de las desapariciones bajo un enfoque de seguridad ciudadana, liderado por autoridades civiles y fundamentado en el respeto y la protección de los Derechos Humanos.

“Coordinar y garantizar la coordinación efectiva entre todas las autoridades (…), las encargadas de la búsqueda, de la investigación, garantizando que quienes dirigen estas instituciones gocen de idoneidad, capacidad, voluntad y de recursos.

“También profundizar en los procesos de capacitación al interior de la institucionalidad pública y fuera de ella (…). Garantizar el funcionamiento efectivo y, en su caso, expedir todas las herramientas que son fundamentales para contrarrestar las situaciones”, añadió.

El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró increíble que en México todavía no se tenga un registro nacional de personas desaparecidas que sea fiable, ni un banco nacional de datos forenses, por citar dos instrumentos clave.

“Fortalecer institucionalmente a todas las entidades, fundamentalmente a las de búsqueda, a las de atención y a las fiscalías especializadas y centros forenses y de identificación humana, y finalmente alentaremos a que se impulse la implementación de las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”, subrayó.

Problema complejo

En sus intervenciones, García Campos señaló que el tema de las desapariciones es el más complejo y doloroso que atraviesa México.

“Para enfrentar estos retos, desde la perspectiva de un organismo internacional como el que represento, se requieren tres elementos: uno es voluntad, dos son los recursos y tres, capacidad. La capacidad solo puede gestarse en espacios y centros de conocimiento como, por ejemplo, la universidad”.

Recordó que el Comité de Desaparición Forzada que visitó México en 2021 y elaboró un informe en 2022 estuvo en el estado de Veracruz y, entre otros elementos, recomendó al Estado mexicano resaltar la importancia de incluir y fomentar los programas de las universidades en la enseñanza, investigación y divulgación de temas relacionados con las desapariciones de personas desde diversas disciplinas de conocimiento.

“México atraviesa una crisis de Derechos Humanos que se refleja en múltiples componentes. Uno de ellos es la comisión de graves violaciones a Derechos Humanos, en donde, lamentablemente, la desaparición de personas ocupa un lugar muy relevante.

“Hay otra serie de conductas que están lesionando el disfrute y el goce de los derechos y libertades fundamentales de las personas; ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia contra las mujeres, desplazamiento interno forzado, por citar algunas conductas”.

Mencionó que oficialmente en México están registradas más de 115 mil personas como desaparecidas, y la gran mayoría de estos casos permanecen en la impunidad.

“Hablamos de no más de 40 sentencias a nivel nacional. Hay, podríamos decir, un permiso o una licencia para desaparecer a personas sin que haya consecuencia punitiva frente a un crimen que nunca debe quedar impune. Hay una ausencia de prevención efectiva, derivada de un modelo de seguridad que, hay que señalar, ha tenido una connotación de corte militar desde 2006, lo cual ha multiplicado las violaciones a los Derechos Humanos.

“También hay una emergencia forense en el tema de desapariciones, con una cifra oficial de 52 mil cuerpos sin identificar en espacios públicos, y una ausencia de reparación hacia las víctimas. Desde Naciones Unidas tenemos propuestas y recomendaciones para enfrentar este tipo de violaciones a los derechos humanos, particularmente en el tema de desapariciones”, añadió.