La detección de un plan fraudulento de voto masivo desde el extranjero por parte del Instituto Electoral Nacional (INE) se suma a una serie de casos que se han registrado en los últimos años donde los partidos políticos o actores independientes quieren sacar ventaja con los registros irregulares en los padrones electorales.

El uso de firmas falsas o credenciales de gente fallecida han sido prácticas que las organizaciones políticas han utilizado para lograr registros a candidaturas presidenciales y de gobernaturas, pero también para realizar consultas ciudadanas, como la revocación de mandato o engrosar los números de afiliados en los partidos políticos.

Uno de los casos más polémicos en los que se ha visto el INE fue cuando en 2018 Margarita Zavala se registró como la primera candidata independiente en la historia de México, pese a que entregó 700 mil firmas irregulares que le ayudaron a rebasar por apenas 3 mil 575 rúbricas la cifra mínima que exige la ley electoral vigente.

De acuerdo con cifras del instituto, Zavala presentó un millón 578 mil firmas, de las cuales 500 mil no pudieron ser validadas, y del número restante 212 mil resultaron ser tomadas de fotocopias, en otras seis mil 714 presentaron documentos inválidos y en al menos 432 se tomaron de credenciales para votar falsas.

En ese mismo proceso electoral se dio un caso similar con el registro de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato a la Presidencia, pese a que a que el propio INE insistió en que el regiomontano presentó apoyos falsos entre los que se encontraban credenciales de elector de personas fallecidas.

Durante una sesión del consejo general del INE, el consejero Ciro Murayama enumeró diversas inconsistencias que sumaron 816 mil firmas inválidas por estar duplicados, otras 11 mil 748 no se encontraban en el padrón electoral y otros casi 16 mil casos habían sido dadas de baja de la lista nominal, entre las que había 7 mil personas murtas.

En esa misma instancia, la autoridad electoral negó el registro como aspirante presidencial a Armando Ríos Piter, en virtud de que no ejerció su derecho de audiencia y no hubo modificación en su estado de apoyos ciudadanos clasificados como inconsistentes.

Los reportes del INE señalan que el aspirante registró 906 mil apoyos ciudadanos con inconsistencias, pero Ríos Piter nunca se presentó a las oficinas para iniciar la revisión de los casos señalados, donde destacaban 11 mil 500 nombres que no correspondían a ningún ciudadano inscrito en la lista nominal.

Además de las candidaturas, el INE ha detectado movimientos irregulares por parte de organizaciones civiles al momento de recopilar firmas para que se realicen consultas ciudadanas como lo fue la revocación de mandato realizada en 2022.

En ese entonces la autoridad electoral determinó sancionar a la asociación civil Que Siga la Democracia por haber entregado información y documentación falsa, consistente en 14 mil 940 firmas de personas fallecidas, las cuales fueron utilizadas para validar el ejercicio de consulta.

En este caso, el consejo general del INE explicó que los impulsores de la revocación de mandato recolectaron solo 1.3 millones de firmas mediante la app del instituto, pero que gracias a los apoyos aportados en papel físico lograron sumar 9.7 millones de firmas adicionales.

Incluso los padrones de los propios partidos políticos han sido susceptibles de recibir auditorias y sanciones por afiliar a ciudadanos sin su consentimiento, por lo que el INE aprobó en octubre de 2022 lineamientos para la verificación de las listas de afiliación.

De acuerdo con el INE, el objetivo es “establecer y regular” los procesos de verificación en los años previos a que se realicen elecciones federales, para que los partidos políticos cumplan con el número mínimo de personas afiliadas y evitar la doble inscripción de civiles.

Entre las medidas que permitirán a las personas revisar y denunciar una afiliación ilegal, se encuentra la oportunidad de que las personas interesadas dispongan de un procedimiento para gestionar por sí mismas la ratificación de su militancia a un partido político y no estar atenido a que únicamente los partidos informe al INE sobre sus afiliaciones.