A las tres de la tarde del 20 de noviembre de 2017, cerca de 200 hombres armados y encapuchados llegaron en unas 20 camionetas a Hidalgotitlán, un municipio veracruzano de vocación agropecuaria, afamado por sus ceibas y por sus aves melodiosas, ubicado en la ribera del río Coatzacoalcos, a 27 kilómetros de la ciudad petrolera de Minatitlán.

Algunos de los pistoleros cercaron con sus automotores los accesos al municipio y el resto se apostó en las calles céntricas de la cabecera, según las crónicas de prensa.

Bajaron de los vehículos, ordenaron a los pobladores cerrar todos los comercios, les quitaron sus teléfonos móviles e instruyeron que nadie grabara ni tomara fotografías, bajo advertencia de muerte. Algunos vecinos corrieron a esconderse a la parroquia. La mayoría, al refugio incierto de sus casas.

Mientras los demás sicarios vigilaban, unos 30 enfilaron resueltos y empuñando sus armas a la calle José Azueta, hacia el domicilio del alcalde electo, Santana Cruz Bahena, un hombre alto y grueso de 48 años, ranchero, esposo de Yuridia Hipólito, y padre de Cleotilde, Sara, Jonás y Marisol.

casa_baleada_56558764.jpgFoto: Del total de homicidios de 2016, mil 522 (69.18%) fueron dolosos, es decir deliberados, que lo ubicaron en el tercer lugar nacional en ese tipo de crímenes, después del Estado de México y Guerrero, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cruz Bahena fue alcalde de Hidalgotitlán de 2011 a 2013, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al término de su periodo, promovió la postulación de su hija Cleotilde, quien dirigía el DIF municipal, pero perdió la elección.

En 2017, Santana buscó de nuevo la candidatura priísta a la alcaldía. Le dieron la espalda. Consiguió la nominación por el Partido Nueva Alianza (NA) y ganó.

Según versiones de la prensa local, repartió combustible robado durante su campaña. Otras, lo vinculan con un decomiso de carburantes efectuado en marzo en la comunidad de Cahuapan.

El 20 de noviembre, para celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana, Cruz Bahena organizó una cabalgata al rancho Santanita, de su propiedad, y antes de la partida ofreció en su casa de la cabecera municipal una comida para familiares y participantes, algunos de los cuales departían con el político cuando llegaron los encapuchados.

Según distintos testimonios publicados, los sicarios gritaron a Cruz Bahena que saliera, pero él se mantuvo en su casa, ubicada al centro de un amplio predio totalmente bardeado.

Los sujetos le advirtieron a voces que si no salía, entrarían para asesinar a toda su familia. Balearon el portón, que no cedía, así que lo embistieron con una de las camionetas y al fin se abrió, al tiempo que Santana Cruz Bahena salía al patio. Lo sujetaron y arrastraron a la entrada de la propiedad, donde le dispararon repetidamente. Luego, los matarifes volvieron a sus automotores y se marcharon por las calles desiertas.

La incursión duró unos 40 minutos. Casi tres horas después, cuando llegó un convoy de efectivos estatales y de la fiscalía veracruzana, sólo para levantar el cadáver del alcalde electo, los policías municipales fueron saliendo de sus escondites.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares —quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2016—, escribió en Twitter que ese crimen “lastima la democracia […] porque la gente esperaba su arribo a la presidencia municipal para consolidar un proyecto ciudadano”. Rubricó: “Se hará justicia”. Pero no se ha hecho aún, como tampoco en otros casos, ni para gente de bien, ni para de mal. El de Santana fue uno de los 20 asesinatos de funcionarios públicos, representantes populares y personal político en la era Yunes, de acuerdo con un recuento hemerográfico de EL UNIVERSAL.


Al tomar posesión, Yunes Linares convocó a los veracruzanos a suscribir “un pacto social, sustentado en el cumplimiento de las normas constitucionales que nos rigen. Un pacto social por el bien de Veracruz. Para vivir seguros, en paz y con estabilidad política”.

Pero en la primera mitad de la minigubernatura yunista, Veracruz rompió los récords de criminalidad que había logrado en el último ejercicio de la administración anterior, especialmente en los tres principales delitos de alto impacto: extorsión, secuestro y homicidio.

De acuerdo con los recuentos anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), consultados por EL UNIVERSAL, Veracruz pasó del sexto al cuarto lugar nacional en homicidios de 2016 a 2017, de 2 mil 200 subió a 2 mil 531 delitos de esa naturaleza, un crecimiento de 15% anual. Del total de homicidios de 2016, mil 522 (69.18%) fueron dolosos, es decir deliberados, que lo ubicaron en el tercer lugar nacional en ese tipo de crímenes, después del Estado de México y Guerrero.

En 2017, Veracruz bajó al quinto lugar, a pesar del aumento concreto de homicidios intencionales, puesto que irrumpieron en la macabra lista, ubicándose después del Estado de México y de Guerrero, los estados de Baja California, en tercer sitio, y Chihuahua, en cuarto. Estas entidades ocupaban el sitio séptimo y quinto, respectivamente, en el año previo. Pero en términos absolutos, Veracruz presentó un crecimiento anual de homicidios dolosos exactamente proporcional al número total de homicidios: 15%. Pasaron de mil 522 en 2016, a mil 778 en 2017. De modo que 70.64% del total de homicidios fueron dolosos.

En cuanto a secuestros, la entidad se sostuvo en el tercer lugar nacional, aunque en términos absolutos crecieron 26.76%, al pasar de 142 plagios en 2016, a 180 en 2017. El aumento de las extorsiones fue mayor, pasó en 12 meses de 192 a 424, un crecimiento anual de 120%. Esto lo llevó del séptimo al quinto lugar nacional en ese tipo de delitos.

Política violenta

Dos presidentes municipales, dos regidores, cinco funcionarios de ayuntamientos, dos funcionarios federales, dos funcionarios estatales, un candidato a regidor, un ex alcalde, un ex síndico y tres ex candidatos a alcaldes han sido asesinados de diciembre de 2016 a la fecha. En enero de 2017 fue asesinado Francisco Ánimas Enríquez, jefe de la oficina regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Naranjos-Amatitlán.

En abril mataron a Pedro David Domínguez Moreno, dirigente juvenil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el municipio de La Isla y candidato a regidor en ese mismo municipio.

En mayo ultimaron a David Alonso Rodríguez y Francisco Rafael Mendoza, tesorero, y contador de la tesorería, respectivamente, del ayuntamiento de Juchique de Ferrer; a Erasmo Sosa Garza, titular de la dirección de Deporte del Ayuntamiento de Poza Rica; a Juan Carlos Zamarripa Fernández, regidor del municipio de Pánuco por el Partido Alternativa Veracruzana (PAV).

En junio asesinaron a Juan Camilo Castagné Velasco, coordinador de la Policía Federal en el estado de Veracruz.

En julio mataron a Rogelio Hernández Andrade, regidor por Movimiento Ciudadano (MC) en el ayuntamiento de Cerro Azul; a Antonio “M”, asesor jurídico del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

En agosto asesinaron a Armando Violante Herrera, ex candidato del PAN a la alcaldía de Coatzintla, con su hijo, Armando Violante Orta; y en septiembre a Ángel Viveros López, ex candidato a diputado local (PRI), y secretario particular de la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, la diputada panista Regina Vázquez Saut, hija de Cirilo Vázquez Lagunes, un sanguinario cacique de la región de Acayucan.

En noviembre le quitaron la vida a Santana Cruz Bahena, alcalde electo de Hidalgotitlán, así como a Víctor Manuel Espinoza Tolentino, alcalde priísta de Ixhuatlán de Madero, y a su esposa, Hilda Patricia Carera Tinoco, presidenta del DIF ixhuatlanense. También a la abogada Yendi Guadalupe Torres Castellanos, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia en la Zona Norte de Veracruz, con sede en Pánuco.

En diciembre fue asesinado Antonio Arroyo Antonio, ex candidato perredista a la alcaldía del municipio de Tenochtitlan; y el priísta Francisco Vázquez Rojas, ex síndico de Ixtacxoquitlán.

Ya en enero de 2018, asesinaron a César Antonio García Cosquilla, ex candidato priísta a la presidencia municipal de Tenampa, y a Víctor Molina Dorantes, ex diputado federal perredista y además ex alcalde de Colipa. Pero en la gestión de Yunes Linares no sólo han asesinado al personal político del estado. También a empresarios y ciudadanos de a pie.