Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública culpó, vía su dirección jurídica, al gobierno de Veracruz, entonces a cargo de Javier Duarte de Ochoa de haber contratado los servicios de su socio Roberto Esquivel Hernández, y con ello violentar la ley de adquisiciones y arrendamientos.

Y su socio, vía su defensa, se lavó las manos del ilícito que se le imputa, aduciendo que por no ser servidor público, solo Bermúdez Zurita debe responder ante las imputaciones.

De acuerdo a los datos de prueba aportados por su defensa en la reposición de la audiencia de vinculación a proceso para los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, dentro del proceso penal 221/2016, tras ser demandado por Esquivel para que se le pagaran diversas facturas por la prestación de servicios, el jurídico de la SSP, respondió que era absolutamente facultad del gobierno del estado responder ante cualquier situación que se presentara en el contrato.

"El gobierno se comprometió y adquirió los servicios; la SSP solo fue auxiliadora y por tanto no hay incumplimiento contractual”, reza parte de la contestación a la demanda civil interpuesta por Esquivel contra la Secretaría ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, iniciada cuando Bermúdez ya era investigado por los delitos indicados.

Por su parte, la defensa de Roberto Esquivel acusó que el tipo penal de tráfico de influencias no se configura para su cliente pues este no tiene el carácter de servidor público, por lo que si hay alguna conducta ilícita, se deberá sujetar solamente al ex titular de la SSP.