El Centro de Investigación para el Desarrollo AC (Cidac) determinó que las Fiscalías locales no han logrado consolidar el sistema de justicia penal adversarial por una falta de autonomía verdadera y por la falta de coordinación entre quienes se encargan de la impartición de justicia.

Al presentar los “Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal”, el estudio advierte que en el caso de Veracruz aunque la Fiscalía General del estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, cambió su nombre de Procuraduría a Fiscalía, sólo lo hizo de manera nominal porque en operación opera como una procuraduría.

Señala que las transiciones hacia esquemas de fiscalía no se han traducido en mejoras significativas en la procuración de justicia, ya que muchas fueron meramente nominales o bien de un tipo que se ha denominado de autonomía relativa.

Esto es que, aunque formalmente la fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, continúa subordinada financiera y políticamente el titular del Poder Ejecutivo.

Además, revela que las políticas públicas en materia de Seguridad y Justicia han crecido de una perspectiva sistémica que considere los distintos ámbitos de incidencia institucional.

“No se cuenta con una visión que permiten marcar la procuración de justicia en una visión integral de estado que involucra a todas las instituciones que tienen corresponsabilidad en el ámbito de justicia y seguridad”.

El Cidac considera que las instituciones de procuración de Justicia no cuentan con estrategias para la priorización de los delitos para focalizar sus recursos de forma más efectiva y que no se han establecido criterios institucionales para distinguir de forma estandarizada entre delitos de distintas complejidades con el fin de determinar el mecanismo de solución más apropiado.

El estudio indica que a esto se suma la ausencia de un modelo homologado de organización y gestión en las instituciones de procuración de justicia pues se carece de una operación homologada que garantice los estándares mínimos necesarios para la evaluación y la comparación de las distintas instituciones de procuración de justicia.

Agrega que hay un uso excesivo de esquemas de especialización por tipo penal y por etapa procesal porque las instituciones han insistido en la especialización de la operación, principalmente por tipo de delito, lo que ha derivado en una falta de coordinación y comunicación entre las distintas unidades especializadas.

Señala que también existe violación sistemática de Derechos Humanos a víctimas e imputados y que no hay credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de Justicia, ya que sus funcionarios se encuentran entre los servidores públicos que menor confianza generan en la población.

“De acuerdo con la última encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, únicamente la policía de tránsito genera menos confianza en los ciudadanos que los ministerios públicos y las procuradurías estatales”.

El estudio relata que existe una falta una ausencia de mecanismos efectivos de coordinación, así como de instrumentos tecnológicos de información y de bases de datos intergubernamentales.

Y que las procuradurías y las fiscalías en el ámbito local y federal evidencian una serie de focos rojos que representan serios riesgos para la operación eficiente el sistema y para la consolidación del nuevo modelo de procuración e impartición de justicia.

“Los datos muestran que las procuradurías no están determinando los asuntos de manera eficaz y a un año de la operación total ya existe un importante reza. De los datos proporcionados por el consejo dela Judicatura Federal se desprende que en el 99 por ciento, de las causas penales iniciadas en 2016 existió flagrancia, lo que evidencia las deficiencias en las capacidades de investigación de las distintas áreas de la procuraduría”.

Señala que ante la ausencia de modelo organizacional y de gestión homologado acorde al sistema acusatorio, las fiscalías no cumplen con los estándares necesarios en términos de capacidades para llevar a cabo investigaciones sólidas y de calidad, lo que sea traducido en resultados negativos en la operación.