Vendedores de madera en rollo se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para denunciar la detención de cuatro personas por el presunto delito de maltrato animal y por lo cual les fueron retirados los caballos de carga.

El presidente de la asociación “Para el Pueblo Veracruzano”, Irineo Domínguez Méndez, criticó que la Fiscalía General del Estado (FGE) esté más interesada en detener a trabajadores que no saben leer y cuyo único ingreso es por la venta de la madera, en lugar de perseguir criminales.

“El fiscal Winckler en vez de perseguir delincuentes reales está creando delincuentes y se quiere entretener con esta gente a la que detiene, encarcela y decomisa sus animales y los productos que venden. En su corta mentalidad y del fiscal especial mandó a detener y decomisar los animales y la madera”.

Narró que el pasado 31 de octubre varios comerciantes de Acajete fueron detenidos en Xalapa por parte de elementos de la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, y les impusieron una sanción de cinco mil pesos por persona para recuperar su libertad.

“Los tuvieron detenidos bajo el supuesto delito de maltrato animal, que se vayan entonces a las charrerías y que los metan a la ley también porque eso quedó exento de la Ley de Maltrato Animal. Ellos utilizan los animales para trabajar”.

Al no tener el recurso, los comerciantes pasaron 48 horas detenidos y actualmente no tienen forma de seguir trabajando pues los animales les fueron retirados y desconoce qué proceso legal les sigue. “Les pidieron cinco mil pesos para poder dejar la cárcel y como no pudieron (pagarlo) se apegaron al nuevo proceso penal y a las 48 horas los dejaron libres porque no son delitos graves, pero no saben si están sujetos o no a proceso penal, porque no saben leer”.

Criticó que las autoridades en lugar de aplicar la medida de apercibimiento, como lo establece la ley, decidió imponer a los comerciantes la máxima sanción prevista. Por ello, exigieron que se les devuelvan los caballos para poder trabajar, pues su dirigente aseguró que no tienen otra forma de ganarse la vida y que las acciones de la Fiscalía violan los derechos de los comerciantes y sus familias.

“Que se pongan a pensar y reflexionen que con lo que están haciendo están afectando a los niños, tiene más de diez días que los padres no trabajan, con qué van a mantener a sus hijos, cómo van a tener vivienda digna. Cómo es posible que el Gobernador y (Jorge) Winckler estén violentando los derechos humanos que tienen los niños”.