El 8 de mayo de 2013, el gobernador Javier Duarte de Ochoa instaló el Mando Único en Coatzacoalcos, con un despliegue de 290 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Naval.

Ante la extinción de la Policía Intermunicipal, el nuevo modelo policiaco entraría a operar además a Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital.

El 5 de noviembre de 2014, la revista Forbes, realizó una radiografía de los municipios más violentos del país.

Coatzacoalcos ocupó el décimo lugar en ese ranking, con un reporte oficial de 45 homicidios durante esos dos últimos años.

Tras esa publicación de Forbes, el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol desestimó la veracidad de esos datos. En la posteridad, sería esa su tónica.

A tres años del ingreso, el “paso determinante para recuperar los espacios perdidos en manos de los transgresores de la ley”, que en esa fecha prometió Javier Duarte de Ochoa, parece que nunca se dio.

Tres años después, el municipio vive una de sus peores crisis en materia de seguridad, que ha trastocado a todos los sectores de una población que habita en una de las ciudades más importantes del estado y el sureste del país.
Reforzamientos que disparan la violencia

Un año después, en junio de 2014 llegó el Blindaje Coatzacoalcos, un día después que algunos delincuentes se metieran a robar en la casa de la tía de la presidenta del DIF estatal, Karime Macías Tubilla.

Anunciado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa en la sala de Cabildo el 26 de mayo de 2014, el Blindaje Coatzacoalcos contempló la llegada de 535 nuevos elementos: 325 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 100 de la Secretaría de Marina, 100 elementos acreditables y 10 de la Policía Federal.

Aunque el mandatario estatal dijo que daría resultados inmediatos, según cifras oficiales, la delincuencia incrementó. Y un año y un mes después, se dieron a conocer de manera pública los primeros avances.

Cuatro días después del anuncio, de acuerdo a reportes hemerográficos, la delincuencia cobró además la vida de al menos tres personas y dejó malheridas a dos más.

Por si fuera poco, el 7 de julio de ese mismo año, la niña Karime Cruz Reyes fue presuntamente secuestrada junto a su tía Mónica Reyes Baruch. El 5 de septiembre, su cuerpo apareció enterrado en una fosa clandestina de un domicilio en la colonia Luis Echeverría. La Fiscalía concluyó que la tía había planeado el secuestro.

Para el lunes 3 de noviembre llegaron a Coatzacoalcos 100 elementos más de seguridad. Esta vez con el nombre de Fuerza Civil, que había sido presentada semanas atrás por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Una semana después, el martes 11 de noviembre a las 19:00 horas, José Antonio Férez Kuri, gerente de operaciones de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) fue ultimado en el estacionamiento de la Plaza Patio, ubicada en el malecón costero.

Según algunos testigos, se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego. Algo pasó aun con la presencia de la recién llegada Fuerza Civil.

Pemex y el incremento de la violencia

De acuerdo al integrante del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV (IIHS UV), Víctor Andrade Guevara, quien actualmente participa en un equipo nacional de investigadores expertos en seguridad, la entidad se encuentra en un proceso gradual de “captura del estado”.

Es decir, la delincuencia organizada ha permeado, en primer lugar, a los cuerpos policiacos, que establecen acuerdos “de trabajo”, ya sea por acuerdo mutuo o por obligación.

En entrevista, el investigador dijo que en Coatzacoalcos, se desarrolla una hipótesis particular: la presencia de la industria petrolera y su impacto en los niveles de delincuencia.

“Esto es resultado de una investigación colectiva que estamos haciendo. Hay un proceso de descomposición del régimen de administración de Petróleos Mexicanos, es decir, parece que se está viendo a esta compañía como un botín que está ya a remate”.

Andrade Guevara sostiene que los grupos que desde el principio se han visto involucrados en negocios ilícitos teniendo como fuente la ex paraestatal, como los sindicatos y los grupos criminales, se pelean por Pemex.

A eso se le agrega la descomposición social, la baja de los salarios, la falta de fuentes de empleo y el robo de combustible, actividad a la que se están orientando los grupos delincuenciales, junto con o de manera paralela, al saqueo que ya venían realizando los propios trabajadores sindicalizados y funcionarios de Pemex.

“Hay un incremento exponencial de los robos de combustible y Veracruz es uno de los estados con uno de los índices más alto, sino es el que más; hay un coctel de problemas que tenemos en Coatzacoalcos”, dijo.

Si bien, dijo, los operativos policiacos han sido poco efectivos, destacó que hay episodios que corresponden expresamente al ámbito judicial, pues no hubo un proceso de vigilancia en Pemex o castigos ejemplares a los implicados en esos delitos.

“Dejaron correr a la corrupción y siempre quisieron tener contento al sindicato petrolero porque eso le representaba apoyo político. Era una cleptocracia sistémica”.

Señaló que ese proceso de descomposición y corrupción está directamente relacionada con el desarrollo de la delincuencia organizada, pues cuando nota que hay una actividad ilegal trata de cooptarla, al sentirse con derecho de formar parte de ese negocio.

Planteó que hay ciclos de la delincuencia, es decir, si algún negocio deja de ser rentable, se reorienta sus actividades a otras áreas, como el secuestro, que en Coatzacoalcos han sido comunes en los últimos meses.

Dijo que es palpable que en el caso de Veracruz, las unidades antisecuestro son un fracaso y entonces la problemática se incrementa.

Recordó que de 1990 a 2015, han muerto de manera violenta casi 600 personas, que en números netos, coloca a Coatzacoalcos como las ciudades con más homicidios.

La “captura del estado”, insistió, ha sido regional, es decir, hay puntos sensibles de la entidad donde el crimen organizado cogobierna y un caso similar a Coatzacoalcos es Poza Rica, otra región petrolera.

Casos como el de Tierra Blanca, agregó también, donde la misma autoridad policiaca participa en hechos delictivos como la desaparición forzada, habrían ameritado, en un estado donde la ley se cumpla, la renuncia del titular de la SSP por incompetencia.

El investigador lamentó que se use a la Marina y la Gendarmería como bandera política, pues es un discurso que manejan todos los candidatos, sin embargo recordó que la primera vez que ingresaron las fuerzas federales al territorio, también se incrementó la violencia.

“No es la variable fundamental, a veces al contrario sirve para incrementar la violencia pues hay varios enfrentamientos, se generan daños a la sociedad civil, se invaden los ámbitos privados, se violan los derechos humanos. Es contraproducente”.

Coatzacoalcos: fracaso

Durante los últimos años, el municipio ha vivido diversos episodios violentos que son recordados más que otros.

En ese tiempo, han aparecido cuerpos enterrados, a veces aislados, otros en varias fosas clandestinas en zonas concretas. Secuestros y homicidios de abogados, empresarios, estudiantes y trabajadores.

Por ejemplo, Sofía de los Ángeles Acosta Zárate desapareció el 25 de enero de 2015 en Coatzacoalcos. Se desempeñaba como mesera de un bar ubicado en el centro de la ciudad. Ese lugar quedó asentado en la denuncia penal como el último sitio donde fue vista.

Tenía 23 años y una pequeña de cinco. Era madre soltera y vivía con sus padres en el barrio Las Tinas en el municipio de Jáltipan.

Su cuerpo fue hallado entre el 2 y el 6 de febrero en alguna de las fosas clandestinas que se encontraron atrás de la colonia Veracruz, en el poniente, a unos 20 minutos del centro.

Su cuerpo, fue exhumado según reportes, junto a al menos cinco más. En la colonia Veracruz se hicieron más de 15 excavaciones durante casi tres días.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que se descubrieron entierros clandestinos en ese sector. En agosto de 2013, en la zona de playas, a unos 200 metros de esas nuevas fosas, fue hallado enterrado el cuerpo de una persona del sexo masculino.

El sujeto presentaba evidentes huellas de tortura y cerca del punto donde fue hallado, se encontraba un casquillo percutido.

Para febrero de 2014, dos personas más fueron halladas enterradas, a una profundidad menor a un metro, en la zona de las dunas, muy cerca de las fosas de principios del año pasado.

Fue el jueves 12 que las autoridades policiacas decidieron ampliar el alcance del “Blindaje Coatzacoalcos”.

El caso de la niña Karime Cruz Reyes no se escapa al tema de las fosas clandestinas. Basta recordar que a más de 2 meses desaparecida, junto a su tía Mónica Reyes Baruch, el cuerpo de la pequeña fue encontrado sepultado en un patio particular en la colonia Luis Echeverría Álvarez, tras haberla presuntamente matado a golpes al poco tiempo de su secuestro.

Otro caso es el del abogado y activista social Rodolfo Zapata Carrillo, quien fue asesinado el 2 de noviembre, cuando cuatro personas con el rostro cubierto, le dispararon desde un automóvil.

Un mes antes, el 7 de octubre, convocó a una movilización donde pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y del entonces coordinador del Mando Único Policial de Coatzacoalcos, Luis Enrique Barrios Ríos.

Un día antes de la marcha, el 6 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita realizó una visita en secreto a Coatzacoalcos, donde fue cuestionado ante la ola delictiva de la zona sur.

En esa ocasión aseguró, otra vez, que estabilizarían la situación y se replantearía la estrategia de seguridad.

Cifras de terror

Tan solo de enero a septiembre del año pasado, ya se habían cometido en Veracruz 385 homicidios, 72 secuestros, 102 extorsiones, 4 mil 814 robos de vehículos, 2 mil 162 robos a casa habitación, mil 735 a negocios, 3 mil 24 lesiones dolosas y 87 violaciones, según datos del Semáforo Delictivo, que además ubicó a Coatzacoalcos como una de las ciudades más violentas.

El registro detalla que es precisamente la zona sur la que concentra la mayor incidencia en homicidios, siendo cinco los municipios más afectados: Coatzacoalcos, Acayucan, Minatitlán y Cosoleacaque y Las Choapas, que registraron 66 homicidios.

Coatzacoalcos fue el que mayor incidencia tuvo, con 25 hechos, seguido de Minatitlán con 17 y Cosoleacaque con 10.

El Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos vierte cifras similares: en 2014, tuvo el reporte hemerográfico de 24 homicidios dolosos en la ciudad, presentando una tasa de 7.4; entre Acayucan, Minatitlán, Cosoleacaque, Las Choapas, Nanchital y Agua Dulce, se presentaron 108 casos.

El año pasado, según el organismo, la cifra de homicidios fue de casi 100 por ciento que en 2014, pues Coatzacoalcos presentó 47 hechos de este tipo.

En enero de 2016, se tuvo el registro de seis homicidios, en febrero dos y en marzo seis más.

La semana pasada, la muerte de una empresaria y su escolta volvieron a conmocionar a la población porteña y veracruzana.

Alcalde acepta que no puede

Tras esas muertes, a las afueras del colegio particular Anglo Mexicano, por primera vez en medio de la crisis de violencia el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol manifestó que es urgente una reunión del más alto nivel entre la federación y el estado para detener la incidencia delictiva.

Entrevistado en el marco de la celebración de la Batalla de Puebla, el edil porteño insistió que toda acción debe realizarse de manera urgente por el gabinete de seguridad nacional, el gobierno estatal y todas las instancias que sean necesarias.

“Nosotros estamos con toda disposición de participar, desde que se ha instaurado este Mando Único, los ayuntamientos hemos estado muy al pendiente a ver de qué manera podemos participar”.

Apenas el 21 de marzo, ante el anuncio del senador Fernando Yunes Márquez de solicita el ingreso de las fuerzas federales, el alcalde había mencionado, una vez más, que no era necesario. Tres años después, la SSP aun no logra estabilizar el orden en Coatzacoalcos, donde más de uno, ha exigido la entrada de la Gendermería Nacional.